| SORPRESA EN COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO (El Comercio 17.07.08) Llegó a su fin el escandaloso caso de la adulteración del texto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Ayer, por unanimidad, la Comisión de Fiscalización del Congreso identificó a los responsables materiales y al autor intelectual del ilegal cambio en la autógrafa de ley, el cual --de no haberse derogado-- hubiera duplicado el número de asesores en cada despacho ministerial. El informe final aprobado ayer denuncia ante el Ministerio Público por responsabilidad funcional grave a la relatora auxiliar del Departamento de Relatoría, Indira Gutiérrez; y por responsabilidad funcional grave y falsedad genérica al ex jefe del departamento de Relatoría José Villena; y al ex director general parlamentario Eduardo Mejía. En el caso de Gutiérrez fue ella quien añadió la palabra "uno" en el artículo 24 de la autógrafa de la ley, acatando así una orden recibida de su jefe inmediato superior, José Villena, quien a su vez había sido instruido por Mejía. El informe también incorporó --a pedido del vocero aprista Javier Velásquez Quesquén-- la recomendación de que estos tres funcionarios sean separados definitivamente del Poder Legislativo (tanto Mejía como Villena están hoy derivados en otras oficinas). El ex coordinador parlamentario de la Presidencia del Consejo de Ministros Jorge Ferradas fue señalado como el autor intelectual del ilegal añadido y pasible de la comisión del delito de falsedad genérica. La Comisión de Fiscalización no investigó la participación del legislador aprista Wilder Calderón Castro --originalmente involucrado en el caso-- por considerar que ello compete a la Comisión de Ética Parlamentaria. Empero, hace una semana esta comisión archivó el expediente de Calderón merced al voto de sus correligionarios Mario Alegría y Fabiola Salazar y a la adhesión de Carlos Bruce (Alianza Parlamentaria). El presidente de la Comisión de Fiscalización, Francisco Escudero (UPP), explicó a El Comercio que ahora el informe será remitido al Ministerio Público y al procurador del Congreso para la ampliación de las investigaciones y la formulación de las denuncias penales correspondientes. "Hay indicios razonables que señalan la responsabilidad de estos funcionarios, incluido Ferradas, quien fue el ex coordinador de la PCM", aseveró. El informe plantea finalmente que la Oficialía Mayor proponga acciones para evitar que se repitan casos así en adelante. REACCIONES "Adulterar una ley con una palabra es un delito. No debe quedar impune para que sirva como ejemplo y para que ningún trabajador del Congreso se deje manipular por autoridad alguna. En parte, se ha hecho justicia".
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