Contraloría detecta serias deficiencias en Juntos

• Carencia de una adecuada base de datos favorece actos de corrupción.
• Papillas infantiles y vacunas de inmunización no están llegando a miles de niños..

(Perú 21 21.05.08) Un programa que camina a ciegas. Esta es, en buena cuenta, la conclusión a la que arribó la Contraloría General respecto a la conducción del Ejecutivo en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Juntos.

El informe elaborado por el organismo de control -al cual Perú.21 tuvo acceso- identifica una serie de deficiencias e irregularidades en la administración del proyecto, las mismas que salieron a la luz luego de una evaluación realizada hasta setiembre de 2007 tomando como muestra los departamentos de Ayacucho y Apurímac.

Desde su creación, en abril de 2005, Juntos ha tenido como objetivo comprometer a las familias más pobres del país a que participen de los programas de educación, salud, nutrición e identidad promovidos por el Estado, a cambio de una subvención mensual de 100 soles. Pero, a tres años de su creación, los avances han ido a paso de tortuga.

SIN REGISTRO A LA VISTA.
En el informe de la Contraloría hay un punto en común sobre las omisiones en que han incurrido los ministerios de Salud, de Educación y de la Mujer y -aunque parezca increíble- la administración del mismo Juntos: ninguno de estos cuenta con un registro actualizado y completo de los beneficiados.

Así las cosas, ¿cómo puede el Gobierno asegurar fehacientemente que existen avances en este proyecto? De acuerdo con el estudio, la falta de rigurosidad en el empadronamiento ha permitido que en muchas provincias del país se presenten casos de "préstamos" de niños para asegurar la inscripción de personas que, de otra forma, no podrían acceder al subsidio económico.

"El nivel registrado de familias beneficiadas que cuentan con niños y niñas que no son hijos, y la información obtenida sobre la existencia de casos de 'préstamo' de niños, a fin de que otra familia cumpla con los requisitos del programa, connotan un riesgo de distorsión en el control y en el registro", expresa el documento en copia obtenida por este diario.

La Contraloría indica además que la falta de padrones en la administración de Juntos "genera una oportunidad de irregularidades en la que los funcionarios que administran la información, y de quienes depende la permanencia de una beneficiaria en el proyecto, hagan mal uso de esta facultad".

¿Y LA INFRAESTRUCTURA?
Como parte del programa, cada cartera ministerial está obligada a atender las necesidades de salud y educación de los beneficiados en locales seguros. En este contexto, uno de los logros resaltados por la administración del programa es la mejoría, en infraestructura y equipamiento, de casi 1,900 centros educativos ubicados en los nueve departamentos donde se aplica Juntos.

Sin embargo, la información recogida por los técnicos de la Contraloría dista mucho de respaldar esta alentadora estadística y pone en evidencia las carencias sobre esta materia.

"Las instituciones educativas observadas tienen serias deficiencias en lo que a servicios básicos e infraestructura se refiere. En muchos casos, no solo afectan el normal desarrollo de las clases (en los colegios) sino que, además, pueden poner en riesgo la salud y la integridad física de los niños y niñas", señala el documento.

Pero el jalón de orejas no solo es para el Ministerio de Educación, sino también para el sector Salud, pues se precisa que los establecimientos visitados no tienen las condiciones necesarias para brindar un adecuado servicio a las beneficiarias. Esto pese a que el programa indica que cerca de 400 locales de salud han sido repotenciados.

En lo que a nutrición se refiere, durante la verificación se registró que el 38% y el 46% de las beneficiarias de los departamentos de Apurímac y Ayacucho, respectivamente, dijeron que no habían recibido las tres bolsas de papilla que, mensualmente, debe repartir el programa en coordinación con el Ministerio de Salud.

En el campo de las inmunizaciones, el estudio evidencia que el porcentaje de mujeres que afirman no haber recibido las vacunas para sus niños (que es del 13%) es mucho mayor en comparación con el cumplimiento de otros beneficios.

PELIGRO LATENTE.
Otro vacío registrado en el informe, preparado por la Gerencia de Prevención de la Corrupción de la Contraloría, es que la falta de coordinación entre los ministerios involucrados en el programa Juntos con la administración de este aumenta los riesgos de irregularidades y de actos de corrupción dentro del proyecto.

Asimismo, se advierte que un alto porcentaje de las beneficiarias -Contraloría no precisa este dato- no ha iniciado actividades productivas, lo que ha generado una peligrosa dependencia al beneficio económico recibido. Esto, según el estudio, "genera el riesgo de (que se presenten) conflictos sociales a mediano plazo, cuando se tenga que suspender el beneficio a los primeros grupos de beneficiados". Para evitar esta situación, se recomienda reforzar -a través de las autoridades locales- la promoción de las actividades productivas y de autosostenimiento.